El conversatorio contó con la participación de María Mercedes Maldonado, quien es doctora en derecho, abogada, urbanista y activista en temas urbanos; Marta Lora-Tamayo Vallvé, doctora en derecho, jurista, docente e investigadora especializada en derecho urbanístico; Tomás Martínez Baldares, arquitecto y Máster Scientiae en diseño urbano; Julio Jurado Fernández, doctor en derecho y Procurador General de la República. El moderador es Olman Vargas Zeledón; ingeniero civil y Director Ejecutivo del CFIA.

Es su intervención, el arquitecto Tomás Martínez dió una reseña del desarrollo de instrumentos jurídicos sobre el ordenamiento territorial y planificación urbana en Costa Rica. La Doctora Lora-Tamayo comentó sobre dos grandes retos que se tienen en este momento en materia jurídica. El primero consiste en buscar instrumentos legales modernos que estén orientados al desarrollo. El segundo reto es modernizar el marco jurídico, ya que el mismo es bastante complejo, muchas veces débil y puede generar inseguridad jurídica. Al respecto, es importante que se aborde de una manera integral.

Seguidamente, el Doctor Jurado comentó sobre los retos que se tienen en el país, ya que el marco jurídico vigente en materia de ordenamiento territorial, tiene muchas debilidades, entre ellas: el no tener planificación de carácter regional, lo que les genera una serie de problemas jurídicos a las municipalidades; la necesidad de incorporar la variable ambiental en los planes reguladores; la legislación de plusvalías para financiar la obra pública y la necesidad del impuesto a los bienes inmuebles como fuente de financiamiento. Asimismo, deben existir fuentes de información que sirvan para la toma de decisiones.

Por último, la Doctora Maldonado explicó que debe equilibrio entre los derechos colectivos e individuales. Por ejemplo, el tema ambiental es un derecho de carácter colectivo que debe armonizarse con el derecho individual de la propiedad. Además, expuso sobre la experiencia urbanística colombiana, tocando los temas de las plusvalías, las garantías de derecho y la descentralización y autonomía de las municipalidades.

Los expositores concluyeron que:

• Debe darse un salto en materia de planificación y pasar de los planes normativos y de zonificación tradicional a planes más estratégicos y de gestión de suelos.
• Es necesario contar con un sistema de información para el seguimiento y monitoreo de la implementación de dichos planes.
• Debe existir una adecuada relación entre la responsabilidades y obligaciones  a la propiedad del suelo y los derechos colectivos y sociales. Esta relación debe estar claramente establecida en la legislación nacional, incluyendo mecanismos de financiamiento de obras públicas a partir de la recuperación de plusvalías.
• Las municipalidades son las encargadas de lograr esa recuperación de plusvalías, pero esta obligación debe ligada a la coordinación interinstitucional de los actores del sistema.
• La Sala Constitucional, a través de la jurisprudencia, ha creado las bases para establecer una legislación que incorpore la función social de la propiedad. Ya la Sala habla incluso de la propiedad urbana como un tipo especial de propiedad que no solo establece un conjunto de derechos para el individuo, sino que además, conlleva a una serie de deberes a favor de la colectividad.

La actividad contó con la participación de funcionarios de la Procuraduría General de la República, ministerios, municipalidades, instituciones autónomas, estudiantes y académicos.

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